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Por más de una década, el Gobierno de Puerto Rico pagó más de $168 millones, a razón de aproximadamente $11 millones anuales, por un contrato para la inspección de contenedores que entran al muelle de San Juan, que, según argumenta la nueva administración de la Autoridad de los Puertos, era legalmente nulo desde 2011.
El pasado lunes, EL VOCERO había denunciado que, a pesar de que el 26 de agosto de 2025, la gobernadora Jenniffer González, anunció que la compañía S2PR tendría 90 días para cancelar el contrato del Sistema de Inspección de Contenedores de Carga (SICC), los empresarios locales advirtieron que se continuaba cobrando. Dicho término se expiró el 23 de noviembre de 2025.
